Cortocircuitos entre la CGT y los gobernadores por la reforma laboral

Las dos primeras paradas de la serie de reuniones de la CGT con los gobernadores para intentar cortar los cables de la bomba legislativa que significa la reforma laboral quedaron truncas antes de arrancar. A fines de la semana pasada varios medios publicaron que la CGT tenía marcadas reuniones con Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe. Sin embargo, tras una serie de versiones periodísticas, dos de los triunviros de la CGT le dijeron a Página/12 que los gobernadores suspendieron las reuniones de forma repentina y “por cuestiones de agenda”, algo que sospechan es una excusa mientras negocian con el Gobierno. Lo llamativo es que fuentes del ejecutivo cordobés señalaron que esa reunión no estaba ni siquiera en agenda. “Raro. No sabemos de dónde salió esa información”, se limitaron a responder desde el Panal, la casa de gobierno mediterránea. La CTA, en tanto, convoca a paro y movilización para rechazar la iniciativa de la Casa Rosada.

La dirigencia de la central obrera tampoco pudo concertar encuentros con Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Ante esta situación, la CGT anunció que prepara “una cumbre recargada” para la reunión de Consejo Directivo del viernes próximo.

Es que además hay otro factor de presión: 25 sindicatos, miembros tanto de la CGT como de las dos CTA, se reunieron la semana anterior en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y convocaron a una serie de manifestaciones. La primera en Córdoba, este jueves 5 de febrero, y la segunda en Rosario, el 10 de este mes. Justo las dos provincias cuyos gobernadores habrían gambeteado a los triunviros cegetistas.

Las dos CTA, tanto la que conduce Hugo “Cachorro” Godoy como la que lidera Hugo Yasky, convocaron a un paro con movilización cuando se trate la reforma laboral, y apoyaron el plan de lucha delineado en la UOM la semana pasada.

Para “Cachorro” Godoy, de la CTA Autónoma, “este proyecto de reforma laboral es un ataque directo a los derechos de todo nuestro pueblo y un golpe a la democracia misma”. Agregó que “no se trata de ninguna ‘modernización’ sino de un intento de regresión brutal que pretende retroceder las condiciones laborales al siglo XIX”. Yasky, de la CTA de los Trabajadores, afirmó que “la reforma laboral y el ajuste no son medidas aisladas, forman parte de un proyecto regresivo que busca descargar la crisis sobre quienes viven de su trabajo”, al tiempo que destacó que el proyecto llega en “un momento alarmante: Argentina tiene uno de los salarios promedio más bajos de América Latina”.

Por su parte, 35 gremios industriales que conforman la CSIRA (Sindicatos Industriales de la República Argentina) llevaron adelante un encuentro en la sede central de SMATA. Allí, el senador Mariano Recalde, la diputada Vanesa Siley y el abogado laboralista, Álvaro Ruiz, explicaron los distintos motivos por los cuales este proyecto de ley que envió el ejecutivo es “tremendamente perjudicial para los trabajadores”.

“Son todas mentiras creer que estas reformas laborales generan empleo”, remarcó Recalde, “con el abaratamiento del trabajo, creció la desocupación y, paradójicamente, en el momento que en la Argentina hubo doble indemnización, fue cuando más empleo se creó, y el índice de desempleo fue uno de los más bajos” enfatizó el senador.

Vanesa Siley expresó que la reforma laboral “facilita los despidos, no crea empleo” y agregó: “sabemos el país que queremos, con más industrias, con justicia social, con una movilidad social ascendente que le devuelva al trabajador su dignidad y respetando todos sus derechos”.

Alvaro Ruiz criticó al gobierno porque consideró que “quiere matar la Justicia Nacional del Trabajo”. Para el abogado, “la creación de empleo tiene que ver con la expansión de la economía y con el modelo económico y no con las leyes laborales; pensar eso es retrógrado”.

La reforma laboral, esa picazón

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, enfrenta la reforma laboral como quien enfrenta un laberinto. Hace algunos días, en una conferencia conjunta con Pullaro en el marco del Festival de Cosquín, dijo que una nueva ley laboral es necesaria “por las nuevas modalidades” pero pidió “que este debate no sea cercenar derechos de los trabajadores”. Además, Llaryora pidió que la ley diferencie la situación de las pymes para “que no tenga juicios que cierren empresas”. “Va a ser muy difícil tener una postura lineal en nuestro bloque”, admitió.

Pero, más allá de las palabras, la reforma laboral tiene para el gobernador la forma de un laberinto: ve imposible confrontar con Milei por el apoyo que tiene en Córdoba pero tiene que empezar a raspar a La Libertad Avanza, con quien tendrá una disputa en las urnas el año que viene; tiene un frente de conflictividad abierto con los gremios locales por la reforma previsional que aprobó la Legislatura a fin de año y una convocatoria de gremios nacionales a una marcha en Córdoba el 5 de febrero que le exigirá que rechace el proyecto; y tiene tensiones internas dentro de su propio armado.

El schiarettismo le pide hace varios días que tenga una definición sobre su postura ante el proyecto. “Que no tire la pelota afuera”, dicen, argumentando que el cordobesismo siempre utilizó “una fórmula exitosa: el que gobierna conduce la política”. En el caso de los diputados hay más tiempo, pero para la senadora Alejandra Vigo no tanto. Ahora en Córdoba le bajaron un poco el apuro y la espuma a la discusión: afirman que es un solo voto y que en la Cámara Alta no tienen tanto peso.

¿Y en Diputados? “La gallina la está desplumando el Senado. Que el Senado la desplume, los diputados van a entrar en escena con suerte a fines de febrero”, asegura un dirigente cordobés que conoce el Congreso que no quiere gastar energía sin saber qué llegará realmente a la Cámara Baja.

Confían que algunos puntos con los que no concuerdan van a quedar en el camino antes de llegar a esa instancia: la ultraactividad, los sindicatos por empresa –cordobesistas recuerdan los casos de Sitrac y Sitram, dos gremios vinculados a Fiat cuyas conducciones respondían a la patronal- o la no diferenciación entre las grandes empresas y las pymes. Lo que sí tendría luz verde entre los diputados cordobesistas son las modificaciones que se recuesten en el remanido argumento de que existe una supuesta industria del juicio en la Argentina.

Y también está sobre la mesa lo que más interesa a los gobernadores: el artículo 191 que reduce el Impuesto a las Ganancias que en tanto es un tributo coparticipable golpea aún más las arcas de las provincias, debilitadas durante la gestión Milei. Un informe de Politikón Chaco publicado hace unos días revela que las transferencias automáticas de la Nación a las provincias cayeron un 6,7% en enero de este año respecto a igual mes de 2025. Córdoba es el tercer distrito con mayor caída, solo detrás de CABA y Tucumán. Además, el gobierno nacional ya tomó como procedimiento normalizado la utilización de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) como un sistema de premios y castigos. La metodología no es una novedad, pero no deja de sorprender la forma desembozada en la que se practica cuando la agenda legislativa lo requiere.

Por Gregorio Tatian-PAG  12