Enfrentamiento en la gremial empresaria metalúrgica sobre la reforma laboral
Apoyos plenos, críticas parciales y una interna que expone miradas opuestas sobre el Proyecto de Ley de Modernización Laboral que llegará al Senado. El enfrentamiento en la gremial empresaria metalúrgica quedó expuesto con claridad en la antesala del tratamiento del Proyecto de Ley de Modernización Laboral en el Senado. Mientras algunas entidades del sector industrial expresaron reparos concretos sobre artículos sensibles de la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo, otras cámaras eligieron un respaldo sin matices. Lo que abrió una interna que atraviesa al entramado empresario y reaviva un debate de fondo sobre el modelo laboral vigente en la Argentina.
Desde la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (Camima) y la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) manifestaron un enfático apoyo al proyecto que comenzará a debatirse a partir de febrero. Ambas entidades coincidieron en que la reforma resulta clave para garantizar un futuro sostenible de la economía productiva. Con mayor generación de empleo genuino y de calidad, en un contexto donde el régimen laboral actual es considerado agotado y disfuncional frente a las demandas del siglo XXI.
En la vereda opuesta, la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) alertó sobre cinco artículos que ponen en riesgo a las pymes. La interna llega hasta el seno mismo de la Unión Industrial Argentina (UIA), donde el titular de Adimra, Elio del Re, forma parte del Comité Ejecutivo como vicepresidente Pymi. Mientras que el presidente de Camima, José Luis Ammaturo, es miembro titular de la Junta Directiva de la central fabril.
Para Camima y Afac, el sistema vigente fracasó y ese fracaso tiene consecuencias sociales profundas. Estancamiento económico, informalidad persistente, salarios bajos y una baja eficiencia y productividad forman parte de un diagnóstico que, aseguran, se arrastra desde hace décadas. En ese marco, sostienen que la modernización laboral no es una opción ideológica sino una necesidad estructural para recuperar competitividad y dinamismo en la industria.
Uno de los puntos centrales del respaldo es la propuesta de limitar la ultraactividad de los convenios colectivos. Según estas entidades, la vigencia automática de convenios vencidos perpetúa normas obsoletas. En muchos casos con más de cincuenta años de antigüedad, que no reflejan las realidades productivas, tecnológicas ni organizacionales actuales. Desde esta perspectiva, actualizar los convenios permitiría adaptar las modalidades de trabajo a un entorno industrial profundamente transformado.
Libertad de elección y aportes empresariales
Otro eje que explica el posicionamiento de Camima y Afac es la defensa de la libertad de elección de las empresas respecto de su adhesión a entidades gremiales empresarias. Ambas cámaras rechazan de plano la existencia de aportes compulsivos. A los que consideran mecanismos destinados a preservar privilegios económicos que afectan la institucionalidad de la representatividad empresaria. En ese sentido, recuerdan que la Justicia ya se pronunció hace años sobre la ilegalidad de estos aportes, por contradecir acuerdos internacionales y vulnerar la libertad de agremiación.
Desde esta mirada, los esquemas corporativos que imponen contribuciones obligatorias no solo afectan la libertad individual, sino que también incrementan los costos laborales no salariales. Y además generan conflictos de interés, al permitir que entidades negocien en paritarias ingresos que las benefician directamente.
El secretario general de Camima, José Luis Ammaturo, fue explícito al justificar el apoyo de la entidad al proyecto. “Camima acompaña el proyecto que se debatirá en el Congreso porque promueve una modernización estructural del sistema laboral. Y habilita la actualización de modalidades de trabajo y de los convenios colectivos para adecuarlos a las realidades productivas, tecnológicas y competitivas del siglo XXI”.
En la misma línea, Ammaturo reiteró el rechazo absoluto a los aportes solidarios obligatorios, directos o indirectos, a favor de cámaras empresarias. “Consideramos que vulneran el principio constitucional de libertad de asociación. Esta posición no es coyuntural, forma parte del ADN institucional de Camima. Cuyo estatuto establece expresamente defender la libertad de agremiación y oponerse a cualquier sistema que directa o indirectamente conduzca a la agremiación obligatoria”.
Por su parte, el presidente ejecutivo de Afac, Juan Cantarella, puso el foco en la competitividad internacional de la cadena automotriz-autopartista. “Para un sector que depende más de las exportaciones que del mercado interno, resulta indispensable contar con esquemas laborales modernos que promuevan la eficiencia productiva. Mientras se hacen esfuerzos por captar inversiones para fabricar vehículos de clase mundial, híbridos y eléctricos, los equipos de trabajo están limitados por modelos laborales arcaicos. Tienen más de 50 años y no tienen nada que ver con la tecnología actual”.
Las advertencias de otras cámaras
El enfrentamiento en la gremial empresaria metalúrgica se profundizó luego de que Adimra, junto con Came y la CAC, advirtieran con dureza sobre cinco artículos del proyecto. Según señalaron, ponen en riesgo a las pymes, la negociación colectiva y la seguridad jurídica. Estas críticas surgieron tras una reunión mantenida por los presidentes de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Grinman, y Adimra, Elio Del Re, con asesores de la senadora nacional Patricia Bullrich. En la que hubo un acompañamiento general a la iniciativa, pero también fuertes reparos puntuales.
Los artículos cuestionados son el 126, 128, 130, 131 y 132. Abordan temas sensibles como la ultraactividad de los convenios colectivos, la relación laboral, la discrecionalidad del Estado en las homologaciones y la eliminación de los aportes a las entidades empresarias. Desde estas cámaras advierten que algunas de estas modificaciones podrían generar vacíos normativos y mayor conflictividad.
Uno de los puntos más cuestionados es el artículo 126, que elimina la ultraactividad y pone fin a la vigencia automática de los convenios vencidos. Desde Adimra alertaron que esta redacción genera “vacíos normativos” donde reglas operativas básicas quedan en el aire. “Una pyme no puede renegociar su marco laboral todos los años. Frente a la duda, no invierte y no toma gente”, graficaron desde la entidad industrial.
Aportes, fragmentación y rol del Estado
El artículo 128, que elimina la obligatoriedad de las contribuciones patronales solidarias, también fue duramente cuestionado. “Sin cámaras fuertes, las pymes negocian solas. Y solas, pierden”. Así lo señalaron desde el sector metalúrgico, al advertir que esta medida puede desfinanciar a las entidades y a programas de capacitación clave. En el comercio, por ejemplo, estos aportes sostienen al Instituto Argentino de Capacitación Profesional, cuya continuidad quedaría en duda si el aporte pasa a ser voluntario.
Los artículos 130 y 131, que promueven la prevalencia de acuerdos por empresa o región sobre los convenios de rama, también encendieron alarmas. Advirtieron que esta lógica puede fragmentar el marco normativo y generar “diferencias salariales y de condiciones laborales injustificadas”. En el sector industrial lo explican con crudeza: “Un taller metalúrgico de seis trabajadores negociando solo frente a una seccional sindical no tiene igualdad de fuerzas”.
Finalmente, el artículo 132 generó un rechazo transversal por la facultad que otorga al Estado para suspender la homologación de convenios colectivos ya acordados. Para las cámaras críticas, esta herramienta introduce incertidumbre y abre la puerta a una mayor judicialización.
Sin embargo, desde Camima evitaron pronunciarse sobre estos cuestionamientos y ratificaron su apoyo total al proyecto, sin objeciones a ningún artículo. Esa postura volvió a dejar en evidencia el desacuerdo en la gremial empresaria metalúrgica con Adimra y otras entidades. Y expuso una interna que anticipa un debate intenso no solo en el Congreso, sino también dentro del propio sector productivo.
En un contexto donde la reforma laboral aparece como una de las discusiones centrales del año, el enfrentamiento en la gremial empresaria metalúrgica refleja las tensiones entre la necesidad de modernizar el sistema y el temor a perder previsibilidad, representatividad y equilibrio en la negociación colectiva.
FUENTE. MUNDO GREMIAL
