Días atrás, el presidente Milei celebró la participación argentina en una nueva misión de la NASA para llegar a la Luna luego de medio siglo. El aporte doméstico consiste en el diseño y fabricación de un microsatélite denominado Atenea, que formará parte del Programa Artemis, la iniciativa en la que Trump deposita todas sus esperanzas de conquistar el satélite natural y luego Marte. Paradójicamente, en su mensaje, Milei reconoció a diversas instituciones públicas (como universidades y centros de ciencia) que, desde que asumió al poder, no para de desfinanciar y estigmatizar. En paralelo, el texto destacó la importancia de invertir en asuntos “estratégicos” y “eliminar gastos innecesarios en áreas sociales o politológicas”. Sin embargo, cuando se coloca la lupa en proyectos concretos, ninguna investigación se salva del filo de la motosierra.

Algunos de los ejemplos más señalados de los proyectos abandonados o en camino de serlo, incluso cuando estaban muy avanzados, son el reactor Carem (Central Argentina de Elemento Modulares), el satélite Arsat III (renombrado como Arsat SG-1), el área de Metrología Legal del INTI y el RA-10 (Reactor Nuclear Argentino Multipropósito) y la planta de radioisótopos correspondiente.

Sin quitar valor al microsatélite –porque es el resultado de un trabajo mancomunado de instituciones científicas y universitarias muy valiosas– es necesario darle contexto. El paisaje de la producción de conocimiento en Argentina es calamitoso. Así lo refiere con precisión el físico, docente universitario e investigador del Conicet, Diego Hurtado: «Hay que aplaudir al microsatélite argentino, es un logro de nuestra ciencia. Lo que no es muy comprensible es que este gobierno lo muestre como el logro más importante del sector. Soy de la UNSAM, una de las instituciones que lideraron su fabricación; me produce orgullo el satélite, pero no puede ser lo único que mostremos en relación al Plan Espacial. El desfinanciamiento que sufre la Conae (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) es típico de los peores gobiernos neoliberales que padecimos».

Y continúa Hurtado, quien también se desempeñó como funcionario en el exministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación: «Cuando uno toma proyectos emblemáticos como el Carem, la planta de radioisótopos que tiene el reactor RA-10, las misiones satelitales vinculadas a Arsat, lo único que ve son líneas de trabajo suspendidas, ralentizadas o con muchos obstáculos para llevarse a cabo“.

A continuación, algunos ejemplos que eran considerados estratégicos y que el gobierno, de cualquier manera, discontinuó, ralentizó o directamente paralizó.

Un reactor que no reacciona

El Carem (Central Argentina de Elementos Modulares) es el primer reactor nuclear de potencia diseñado y desarrollado integralmente en Argentina. Con este desarrollo, el país se ubicaba a la vanguardia en materia de nucleoelectricidad y energía limpia. Como aún son muy pocas las naciones que cuentan con uno, el diseño de este prototipo se proponía abrir la puerta para que más naciones alrededor del mundo quisieran tener el propio.

La obra, iniciada en 2014, se ubica en Lima (provincia de Buenos Aires), lindante al complejo Atucha. En casi 19 mil metros cuadrados, se halla el módulo nuclear: la contención del reactor, la sala de control y los sistemas de seguridad. Fue pensado, esencialmente, desde hace más de una década con el objetivo de posibilitar el abastecimiento eléctrico de zonas alejadas de centros urbanos.

Culminado en un 70 por ciento, el gobierno decidió paralizarlo. En el Carem ya se invirtieron 650 millones de dólares y podría requerir 200 millones para concluir. Es mucho dinero, aunque no tanto si se tiene en cuenta que, una vez finalizado, podría comercializarse por 4 mil millones de dólares. El fundamento de su parálisis no está muy claro porque Argentina podría sacar rédito de este proyecto, más aún en un escenario de recambio de la matriz energética.

Por sesgo ideológico, el gobierno que se ufana de “saber hacer negocios”, decide perder una oportunidad histórica.

El Arsat III: reanudación con dudas

Los Arsat son satélites geoestacionarios, es decir, están fijos en el espacio. El I y el II fueron lanzados hace una década con el fin de ofrecer diversos servicios, vinculados a la transmisión de datos, internet y televisión; así como para dar conectividad satelital a 200 mil hogares radicados en zonas rurales. El Arsat III formaba parte de la renovación y debía ser lanzado durante el macrismo, pero ello no ocurrió. Renombrado como Arsat SG-1, en el presente su fabricación está por la mitad.

Ezequiel Mc Govern, trabajador de la empresa, explica a Página 12: “El SG-1 tendría que haber estado en órbita durante el macrismo, pero no sucedió. En 2020, se retomó el proyecto durante el gobierno de Alberto Fernández y se realizó una actualización tecnológica. Con la gestión libertaria se paralizó todo nuevamente y afrontamos grandes problemas“. Incluso, dice con gracia, pasamos a estar dentro del “veraz espacial”, porque “no se realizaba ningún pago de contratos y servicios”.

En este 2026, la cosa podría cambiar. De hecho, con un 55 por ciento de proyecto avanzado, la puesta en órbita podría llegar en 2028. Lo apunta Mc Govern: “Luchamos y dialogamos mucho con diputados y senadores, a los que les explicamos las ventajas que tiene este satélite para Argentina. En el último tiempo, algunos pagos se realizaron y el desarrollo del SG-1 podría retomarse. La parte salarial, sin embargo, sigue igual: seguimos con los sueldos por el piso, con una pérdida del más del 50 por ciento del poder adquisitivo“.

Un golpe al corazón de la industria

Para un modelo de país que no apuesta a la industria, era esperable que la institución rectora de investigación ligada al desarrollo industrial tuviera las de perder. Junto a otras instituciones públicas, como las universidades o el Conicet, durante la gestión libertaria, el INTI fue de los emblemas más golpeados.

Entre despidos, vaciamiento de áreas y desregulaciones varias, una de las últimas novedades llegó en diciembre de 2025. En concreto: la resolución del gobierno que se propone desarticular el área de Metrología Legal del Instituto. El espacio se encarga de realizar las verificaciones necesarias para calibrar balanzas, equipos médicos, alcoholímetros y surtidores de combustible. Que el Estado se retire de estos controles habilitará en el futuro a un sinfín de irregularidades, que terminarán afectando a la población.

Yamila Mathon, profesional de tecnologías de gestión del INTI, explica a este diario: «Metrología es el corazón del INTI. Antes que nada el Instituto es el custodio de los patrones de medida. Quien puede afirmar que un metro es un metro, un kilogramo es un kilogramo. Esa potestad se vincula con actividades de verificaciones, controles y certificaciones de los instrumentos de medida: un alcoholímetro, un surtidor, un radar, un cinemómetro, balanzas“. Y continúa: “Si bien es cierto que desde 2017 los laboratorios privados acreditados pueden realizar este trabajo, el INTI era hasta ahora el más elegido por las empresas porque contamos con los mejores profesionales, somos transparentes e imparciales”.

Según refiere Mathon, gracias a la resolución, a partir del 31 de enero, 150 profesionales se quedarán sin tareas, se perderán capacidades y la sociedad resignará un organismo de referencia. Lo ejemplifica de este modo: “Mañana te llega una fotomulta de algún municipio y no sabés si no hubo un arreglo de la empresa que calibra la tecnología con la municipalidad”.

Hace menos de una semana, la justicia intimó al gobierno a revertir la situación que le quitaba al INTI la potestad de prestar servicios regulados y certificaciones vinculadas a la aprobación de modelos y verificaciones metrológicas. Habrá que ver cuál es el futuro de la metrología: un área sensible, estratégica, que sin embargo a la gestión libertaria no le interesa promover, sino todo lo contrario.

El RA-10 y una planta que no crece

El RA-10 (Reactor Nuclear Argentino Multipropósito) comenzó a construirse en 2016 en el Centro Atómico Ezeiza. Aunque tiene diversos objetivos, el principal se vincula con garantizar el autoabastecimiento de radioisótopos de uso médico, esenciales porque alimentan los centros de medicina nuclear del país, en donde se diagnostican y tratan pacientes con cáncer.

Natalia Stankevicius, Licenciada en Tecnología Nuclear y exgerenta de Producción de Radioisótopos y Aplicaciones de la Radiación en CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica), señala: “El RA-10 debe finalizarse, porque representa el acumulado de autonomía tecnológica y conocimiento de diseño, construcción, licenciamiento y operación de los reactores de investigación y producción. El gobierno actual lo hará y se atribuirá la culminación de un proyecto estratégico nuclear que se gestó y construyó con un plan nuclear con perspectiva soberana, con fondos públicos y no con un modelo liberal»..

Esto es: va a finalizar un proyecto al que le falta muy poquito y se llevará los créditos del desarrollo total. Lo hará a los tumbos y con artimañas, ya que como informa la especialista, recurrirá a fondos que eran destinados para el Carem, ahora paralizado.

Sin embargo, para que el proyecto RA-10 tenga sentido en su totalidad se requiere contar con una planta de radioisótopos que produzca a escala lo que sale del reactor. “La idea de la planta surgió antes de 2015 y tuvo su primer freno durante el macrismo (2017), luego se reactivó en 2023 y se firmó el contrato con INVAP. En 2024, con el cambio de gestión en CNEA se volvió a frenar para rediscutir el contrato y el diseño conceptual. Pero en concreto no han avanzado significativamente en dos años. Lo que es un problema a futuro para el país porque los costos operativos del RA-10 necesitan ser cubiertos con la producción radioisótopos“.

Culminar el RA-10 y la planta podría multiplicar la provisión de radioisótopos por diez. Ello implicaría no solo satisfacer al mercado local sino también exportar. Una vez que esté en marcha, con voluntad política y muy poco esfuerzo, podría significar ingresos de 90 millones de dólares al año.

El Carem, el Arsat SG-1, el área de metrología del INTI, el RA-10 y la planta de radioisótopos son líneas de trabajo estratégicas a los que solo les falta el moño. Para el gobierno no tienen demasiado costo y pueden servir de pretexto para exhibir su apoyo a la ciencia y la tecnología local. Como en el caso del microsatélite, podrán aprovechar la noticia y decir que creen en los científicos y las científicas de Argentina, aunque en el fondo los desprecien.