Los nuevos funcionarios abogan por el «perdón» y la «concordia»

Los máximos funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos (SDH) reivindican la última dictadura, abogan por el “perdón” de los criminales o se emocionan con mensajes de “concordia política”. El organismo –que en otras épocas supo ser un importante impulso para el proceso de Memoria, Verdad y Justicia– es hoy un reducto en el que sus responsables defienden o, al menos, justifican el accionar de las Fuerzas Armadas.

Tal como publicó Página/12, Bryan Mayer se mueve como jefe de gabinete de la SDH, aunque no tiene la designación formal. Tiene un pasado controvertido: se presenta como vocero de las Fuerzas Armadas y tuvo su momento de gloria en octubre de 2023, cuando tildó de “pro-terrorista” a la película Argentina, 1985.

Pero no fue el único episodio. A partir de la revelación de este diario, afloraron otros antecedentes que ya en el pasado habían generado preocupación.

El 24 de marzo de 2017, Mayer escribió en sus redes sociales: “¿Por qué vivimos en democracia hoy? Porque hace 41 años las Fuerzas Armadas se encargaron de asegurar tal condición contra quienes desde hacía años intentaron implementar el comunismo y la izquierda sangrienta en nuestro país. Viva la Patria”.

La publicación tomó estado público en diciembre de ese año, cuando organismos de derechos humanos de Rafaela, Santa Fe, fueron al Concejo Deliberante para pedir que no lo designaran secretario del bloque de Cambiemos. Explicaron también que había hecho publicaciones en las que deslegitimaba la identidad de género.

Mayer, egresado del Liceo Militar, ensayó algún tipo de disculpas, pero su permanencia en el cuerpo legislativo se volvió insostenible. A los pocos meses, la concejala que había promovido su designación informó que había dejado de cumplir funciones como secretario del bloque Cambiemos el 31 de mayo de 2018.

Como periodista, Mayer generó otro revuelo en 2022 cuando preguntó en una conferencia de prensa en la Casa Rosada si Argentina pensaba cambiar su sistema político, dado que estaban previstos viajes de Alberto Fernández a Rusia y China. La vocera Gabriela Cerruti le contestó, incrédula, si le estaba consultando si Argentina se iba a volver comunista. Nadie sabe qué pensará Mayer de la comitiva de diputados de La Libertad Avanza (LLA) y del PRO que, en los últimos días, visitó Beijing con todos los gastos pagos.

En julio de 2022, Mayer publicó una nota en la que no escondía su empatía con Cecilia Pando. El artículo, que se imprimió en El Litoral, llevaba el título “Los otros ‘presos políticos’: más de 700 militares murieron en cautiverio”. Mayer buscó todo tipo de artilugio para evitar decir que los militares habían dado un golpe de Estado. En esa línea, se la rebuscó diciendo que “ella (Cecilia Pando) tenía 9 años cuando las Fuerzas Armadas se hicieron cargo de la administración pública nacional”.

Mayer tampoco escondía su admiración por Victoria Villarruel, algo que posiblemente hoy, en medio de la interna entre el Presidente y su vice, preferiría dejar en el olvido. En el mismo medio, escribió que Villarruel había sido la “gran ganadora de las elecciones presidenciales”. Según Mayer, las denuncias sobre sus visitas a los represores y su reivindicación del rol de las Fuerzas Armadas eran una “calumnia”, y la ensalzaba por los libros que escribió “mostrando los peores horrores perpetrados por la subversión”.

Desde agosto pasado, Mayer es director de Institucionales del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), del cual dependen el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y el Museo Sitio ESMA. Sin embargo, continuó reuniéndose con Luis Petri para transmitirle las inquietudes de las Fuerzas Armadas.

En diciembre, Mayer fue uno de los que celebró que el teniente general Carlos Alberto Presti se convirtiera en ministro de Defensa. “Hasta diciembre de 2023 estábamos acostumbrados a tener antropólogos en Seguridad y terroristas en Defensa”, dijo jocoso en el streaming Carajo.

En ese mismo programa, Mayer apuntó sus cañones contra el exministro Jorge Taiana por haber facilitado el traslado de los parientes de los fusilados de Trelew cuando se cumplieron 50 años de la masacre en la base Almirante Zar. “Puso un avión de la Fuerza Aérea Argentina para trasladar a todos los simpatizantes y familiares de esos terroristas”, dijo desdeñoso quien será oficializado como jefe de gabinete de la SDH. Mayer posiblemente no recuerde que la masacre de Trelew fue considerada un crimen de lesa humanidad por la justicia argentina y que el Estado nacional reclama la extradición de Roberto Bravo –prófugo en Estados Unidos– para que sea juzgado por estos hechos.

Como jefe de gabinete, Mayer será el principal asesor de Joaquín Mogaburu. Deberá asistirlo en la gestión diaria y en la relación con los trabajadores de la SDH y con los organismos de derechos humanos. Ambos se conocen del Ministerio de Defensa, donde Mogaburu fue durante seis meses director nacional de Derechos Humanos, Género y Derecho Internacional Humanitario.

Mogaburu es graduado en Derecho e Historia en la Universidad Católica Argentina (UCA) y tiene posgrados en la American University y en la Universidad de Navarra –ligada al Opus Dei–. Es un activo militante contra el aborto.

No se conocen demasiado sus expresiones sobre la última dictadura. Sin embargo, durante su paso por Defensa, Mogaburu promovió seminarios de “verdad completa” junto con Arturo Larrabure y Silvia Ibarzábal, hijos de militares muertos durante los años ’70 que se expresaron a favor de la prisión domiciliaria de los represores en los últimos meses o de la visita que los diputados libertarios hicieron al penal de Ezeiza. Cuando este diario consultó sobre los ejes de esos seminarios, Mogaburu únicamente destacó que se basaban en los testimonios de Larrabure e Ibarzábal, que dejaban un mensaje de “concordia política y perdón que emociona a los interlocutores y es digno de destacar”.

Hay un tercer funcionario que tiene un rol fundamental en la SDH: Alfredo Mauricio Vitolo, que ejerce como director nacional de Asuntos Jurídicos desde fines de octubre. Vitolo es docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y proviene del mundo corporativo. Desde 2013 es socio en el estudio Nicholson & Cano, uno de los más grandes del país, que tiene entre sus clientes a Ledesma y Acindar, dos empresas cuyos ejecutivos han enfrentado acusaciones por crímenes contra la humanidad. Vitolo se sumó al bufete cuando éste se fusionó con el de Emilio Jorge Cárdenas, exrepresentante de Carlos Menem ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), quien solía decir que los juicios de lesa humanidad eran un vehículo de la venganza.

Vitolo tiene publicaciones propias que han despertado polémica. Una de ellas se titula “La posibilidad de perdonar a los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad”. Allí critica la posición de la Corte Suprema sobre la imposibilidad de conceder amnistías o indultos a quienes cometieron crímenes aberrantes, con base en estándares internacionales. Cuando ejerció como asesor de Claudio Avruj, Vitolo tenía un proyecto para reformar el Museo Sitio ESMA, que se desempolvó en las últimas semanas.

“No sorprende”, dice el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti. “Es natural que el gobierno nacional lleve adelante la reivindicación de teorías que ya fueron desvirtuadas por las condenas que se dictaron en el país. Sin embargo, hay una resistencia que todavía sigue sosteniendo la reivindicación de la Memoria, la Verdad y la Justicia”.

“A 50 años del golpe de Estado, está claro que la memoria está en disputa”, apunta Victoria Montenegro, que hasta diciembre presidió la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña. “Ellos avanzan en su definición de borrar la memoria para reescribir la historia y nosotros nos reorganizamos para defender la memoria de aquella generación que estuvo dispuesta a dar la vida para que el pueblo viviera con dignidad. Ése es nuestro desafío, aprendiendo de lo que hicieron las Madres y las Abuelas”, concluye.

Por Luciana Bertoia- PAG  12