Con el “cuchillo entre los dientes”, tras el oro negro.
Por Margarita Pécora B.
La incautación del buque Da Skyper frente a las costas venezolanas no es un hecho aislado ni un simple procedimiento administrativo: es la muestra más clara de cómo Washington ha decidido trasladar su campo de acción al mar, al no poder justificar una intervención terrestre en Venezuela. Bajo el pretexto de sanciones por supuestos vínculos con Irán, Hezbolá y el narcotráfico, Estados Unidos se apropia de más de un millón 900 mil barriles de crudo venezolano, en lo que Caracas denuncia como un robo descarado y un acto de piratería internacional.
Este episodio marca una peligrosa escalada. Medios internacionales ya hablan de la posible participación de Rusia para frenar la ofensiva estadounidense en el Caribe, lo que podría derivar en un choque directo entre potencias militares con consecuencias impredecibles. La llamada de Putin a Maduro el 11 de diciembre, reafirmando apoyo político y estratégico, confirma que Venezuela no está sola y que Moscú está dispuesto a replicar en el Caribe la estrategia de escolta naval que ensayó en el Báltico.
Washington, fiel a su guion, disfraza de legalidad lo que en realidad son actos de piratería moderna. La narrativa antidrogas, que fracasó como justificación para una invasión terrestre, se convierte ahora en excusa para incautar barcos comerciales y asfixiar económicamente a Venezuela. Cada incautación es un golpe calculado contra la soberanía de un país que posee la mayor reserva petrolera del mundo.
Detrás de esta ofensiva hay también un recurso político clásico: la distracción. Trump busca desviar la atención de las denuncias que lo complican en el caso Epstein y de la crisis económica que golpea a Estados Unidos. El ruido mediático de la “mano dura” contra enemigos externos funciona como cortina de humo para tapar las grietas internas y los escándalos personales que lo persiguen.
La progresión de amenazas contra Caracas lo confirma: despliegue naval bajo el argumento antidrogas, cierre del espacio aéreo, portaaviones y submarinos nucleares frente a las costas, y ahora la incautación de barcos petroleros.
Lo que empezó como un operativo contra supuestas narcolanchas terminó convertido en ataques directos contra buques comerciales. Maduro lo ha dicho sin rodeos: es un acto criminal e ilegal, un robo descarado que busca encubrir un embargo selectivo y preparar el terreno para un cambio de régimen. La piratería moderna se viste de uniforme y se justifica con discursos de seguridad nacional.
