La quiebra de La Suipachense dejó a 140 trabajadores en la calle

El Juzgado Civil y Comercial N.º 7 de Mercedes decretó la quiebra de la planta láctea La Suipachense, dejando a 142 familias sin sustento y a una ciudad de apenas 12 mil habitantes con una herida económica profunda y difícil de revertir. “Son 400 millones menos para la economía local”, sintetizó el intendente de Suipacha, Juan Mancini, en diálogo con Buenos Aires/12, marcando el impacto directo en el entramado económico de esa región.

Según el jefe comunal, los efectos en el entramado económico serán brutales e irán más allá de los 400 millones de pesos que se perderán en la economía local. “Esto va a generar sobrepoblación de mano de obra disponible, porque todos los laburantes que quedaron en ola calle van a salir a buscar changas y oficios”, advirtió y continuó: “El electricista que antes trabajaba en la planta ahora competirá con el que ya estaba trabajando en la ciudad, y eso baja el trabajo para todos”, insistió. En un distrito chico, donde la producción de la planta dinamizaba decenas de rubros que iban desde la ferretería hasta la indumentaria, la pérdida no se mide solo en empleos, sino que también se mide en oportunidades que desaparecen.

La noticia cayó como un mazazo en el corazón productivo de Suipacha, lugar de origen al que la empresa debe su nombre. El fallo judicial también dictaminó la inhabilitación definitiva de la empresa -que operaba bajo la razón social Lácteos Conosur S.A.-, la clausura del establecimiento, la incautación de documentación contable y la prohibición de salida del país para Jorge Luis Borges León, el administrador venezolano de la firma.

La planta, que funcionaba hace más de 70 años, llevaba más de tres meses paralizada, los trabajadores habían instalado un acampe en la puerta y el conflicto arrastraba una larga serie de incumplimientos que presagiaban el final.

“La empresa empezó a incumplir hace más de 80 días. Cortaron proveedores, rebotaron cheques, pagaban solo un 10 por ciento del salario, sin ninguna perspectiva de regularizar la situación”, relató Mancini. Lo que siguió fue un escenario de abandono con despidos injustificados, amenazas de cesantías masivas y un plan de continuidad que nunca llegó. La fábrica, que hasta no hace mucho procesaba 250 mil litros diarios de leche, se apagó. No es la primera vez que la gestión del grupo venezolano Maralac termina con una ruina. Son los mismos que quebraron ARSA, la fabricante de postres Sancor que antes dependía de Vicentin.

La historia, sin embargo, es mucho más que números judiciales. La Suipachense era una marca de segunda línea, pero con fuerte inserción en góndola, especialmente en sectores populares. “Justamente por el contexto económico recesivo, uno esperaría que marcas como esta se fortalezcan”, explicó Mancini. Pero no fue así. Con precios por debajo del promedio del mercado, sin respaldo financiero sano y sin gestión operativa eficaz, la empresa colapsó.

“La empresa tenía activos muy importantes como maquinaria, secadora para 300 mil kilos y ensachetadora, entre otras cosas, que están dentro de la fábrica apagadas. Si le ponés insumos, mañana mismo podría volver a producir”, señaló el intendente, frustrado por la falta de voluntad de los empresarios. “Intentamos ayudar desde el municipio, incluso gestionar con la Provincia, a través del Ministerio de Trabajo y el de Producción, formas de reinsertar el producto en el mercado, pero nos encontramos con negativas permanentes, hostilidad y posturas ultra cerradas. Al final, pareciera que buscaban que pasara esto y se diera la quiebra”.

El impacto en la región

“Es devastador”, resumió Juan Martín, delegado de AEFIP en la CGT Regional. Suipacha está ubicada entre Mercedes y Chivilcoy. “No se trata solo de los 140 puestos en Suipacha. En cada localidad estamos viendo lo mismo que es una caída estrepitosa del empleo formal. En Mercedes, donde estoy yo, hay un promedio de 45 despidos mensuales solo en lo que pasa por la Secretaría de Trabajo de la Nación. Pero eso es solo una parte porque este número aumenta tres veces más cuando se maneja por fuera, en los estudios de abogados”, aseguró.

La situación no es aislada. Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, las estadísticas del Instituto Argentina Grande y el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense indican que ya cerraron más de 7 mil pymes en la provincia de Buenos Aires y más de 16 mil a nivel nacional. La recesión, el aumento de los costos, la apertura indiscriminada de importaciones y la caída del consumo interno configuran un combo letal para la industria local. Pero en el caso de La Suipachense, se suma un factor que todas las voces reconocen, empezando por la de los trabajadores que continúan acampando frente a la planta, la irresponsabilidad empresarial.

“La conducción de Lácteos Conosur no presentó nunca un plan serio. No había horizonte, ni estrategia, ni interés real en sostener la planta”, explicó Mancini. La Justicia corroboró la falta de voluntad de retomar la producción. La empresa fue intimada a presentar una hoja de ruta a fines de octubre. No respondió. Y así, este martes 11 de noviembre, el juez dictó la quiebra.

La historia tiene su antecedente inmediato cuando semanas atrás, en Lincoln, donde ARSA -también manejada por Maralac- cerró sus instalaciones tras dejar a 200 trabajadores sin salario durante nueve meses. En ese caso, como dio cuenta Buenos Aires/12 en mayo pasado, hubo una denuncia penal por vaciamiento y abandono, que derivó en la intervención judicial de la planta. La firma llegó a suspender actividades por 30 días sin previo aviso y sin garantías para sus trabajadores. El caso Lincoln fue una señal que nadie quiso ver, y ahora la historia se repite.

“Nosotros habíamos advertido lo que había pasado con ARSA. Vimos venir el mismo patrón de abandono, y así fue. Los trabajadores se plantaron con un acampe cuando vieron que no se les pagaban los sueldos ni se los respetaba”, recordó el intendente. La planta ya venía concursada, acumulando deudas y con vínculos insostenibles con financieras que le restaban margen operativo. “Vendían leche a 1.200 pesos cuando otras marcas estaban a 1.800 o 2.000. El negocio no cerraba, y aun así no se hicieron cargo”.

Lo que viene es incierto, pero desde el municipio se asiste a las familias con alimentos y se negocia con empresas prestadoras de servicios para evitar cortes por falta de pago, según afirmó el intendente. Se intenta articular con los ministerios de Producción y Trabajo de la Provincia para encontrar salidas posibles. Pero la justicia es lenta. “Se podría designar un administrador judicial de la quiebra, pero eso lleva meses. Y en el medio está la feria judicial”, aclaró Mancini.

A futuro, se abre la esperanza de que un nuevo actor empresarial pueda asumir el control y reactivar la planta. “La marca tiene valor, el capital operativo existe. Si alguien viene con voluntad real de invertir, de recuperar el empleo y la producción, la fábrica puede volver a ser el orgullo que fue”. Pero eso, por el momento, es solo un deseo.

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