La intención es presentar el proyecto de ley de reforma laboral, a mediados de diciembre, con la intención de ser tratado en sesiones extraordinarias.

Sus declaraciones  marcan un avance en un debate que revive el DNU 70/23 —declarado inconstitucional— y el capítulo laboral descartado en la Ley Bases. De Diego enfatizó que “el objetivo es construir un marco laboral adaptado a un escenario sin inflación y orientado a la productividad”, rechazando cualquier retroactividad o quita de derechos esenciales. “Hay gremios que ya tienen convenios por empresa y les va bien. También los que atan subas salariales a la productividad, como es el caso de los bancarios”, precisó, mostrando confianza en el acompañamiento sindical.

“El borrador en el que estamos trabajando con el secretario de Trabajo [Julio Cordero] tiene tres ejes: salario dinámico, que cobra sentido en un escenario sin inflación y para que se den aumentos de salario por productividad. El otro eje es flexibilizar la negociación colectiva, y que sea por empresa y no por actividad. Por último, está lo del banco de horas, que puede ser útil, dependiendo de qué actividad se trate”, detalló.

Salario dinámico: Aumentos por productividad en un escenario estable

Uno de los ejes centrales es el salario dinámico, que vincula subas salariales a la productividad individual o sectorial, una herramienta ya aplicada en gremios como los bancarios, precisó el abogado. De Diego lo presenta como viable solo en un contexto de baja inflación, donde los aumentos no se erosionen rápidamente. Esto contrasta con negociaciones masivas que aplican un «mínimo común denominador», limitando incentivos personalizados.

El asesor ve en esto una vía para generar empleo formal, alineada con un posible blanqueo laboral a costo cero: “El traspaso de trabajadores en negro a blanco tiene que ser gratis, porque de otro modo las pequeñas y medianas empresas no se van a sumar”, argumentó en Ámbito Financiero, proponiendo condonación de deudas pasadas y aportes iniciales cero para facilitar la regularización.

Convenios por empresa: Preeminencia del de base en la reforma laboral

El segundo pilar, la flexibilización de la negociación colectiva, apunta a priorizar los convenios por empresa sobre los de actividad. De Diego enfatizó que “el convenio de empresa existe desde hace 40 años, con ejemplos en la década del 80, pero hoy está limitado por la estructura sindical”. Para que un sindicato de base negocie directamente, “el sindicato de base se tiene que desfederar, porque mientras esté federado el que tiene poder de negociación es el sindicato de cúpula y no el de base”. Al desfederarse, recupera atribuciones para discutir condiciones adaptadas.

En casos sin desfederación, “las que no se desfederan tienen un problema: el convenio madre les obliga a incluir cláusulas especiales que tiene el convenio principal”, lo que limita la autonomía. La reforma impulsaría que “el convenio de base va a tener preeminencia sobre el convenio de actividad”, eliminando influencias federativas. Dio ejemplos: SMATA, sindicatos papeleros, desfederados de Camioneros y agentes de propaganda médica. “El empleado ‘por supuesto’ que le conviene el convenio de empresa”, porque en convenios amplios como el de empleados de comercio (2 millones de trabajadores), “se usa lo que se llama el mínimo común denominador”, impidiendo adaptaciones por tamaño o formato de empresa.

Banco de horas: Flexibilidad en jornadas de trabajo

El tercer eje, el banco de horas, ya existe en la legislación desde 1991 y se aplicó en minería de los ’90, pero no se generalizó. Casos: convenio de Fredo en heladerías, Parque de la Costa, Tren de la Costa, Barrick, Minera Alumbrera y Cerro Vanguardia. En minería remota, un minero trabaja 14 días de 12 horas y descansa 10: “cuando sacás el promedio de 14 días por 12 horas, sumado con 10 días con cero horas de prestación, el promedio te da menos de 48 horas semanales y menos de 8 horas por día”. En shoppings o tecnología, es “fundamental” por variabilidad: 12 horas en picos de los sábados, 4 o cero horas en lunes sin movimiento, manteniendo promedios legales, ejemplificó.

Fondo de Cese: Un impuesto que frenó su adopción

De Diego también tocó el fondo de cese, previsto en la Ley Bases pero fallido por costos. En UOCRA, con rotatividad alta, se deposita 12% del salario bruto el primer año (más de un sueldo) y 8% después, al estilo brasileño, explicó. Sin embargo, “genera un nuevo impuesto al trabajo” que agobia empresas formales: “a las empresas no les interesa porque tienen que agregar un impuesto más”, y hasta ahora “fracasó”.

Indemnizaciones: Facilidades sin límites ni retroactividad con «razonabilidad»

Sobre indemnizaciones, “no está en los planes del oficialismo limitar las indemnizaciones”, aclaró De Diego, aunque el proyecto contempla facilidades de pago de hasta 12 cuotas para pymes, retomando del DNU 70/23 un plan de 6 a 12 cuotas para evitar juicios. La Ley Bases derogó multas, diferenciando juicios previos (“cifras multimillonarias” por indexación) de posteriores. “Los juicios laborales exorbitantes están destruyendo empresas y puestos de trabajo”, coincidieron gobierno, CGT y UIA; para inversores, “el juicio laboral es una catástrofe”. Se propone «razonabilidad» en el artículo 276 de la LCT (topes inconstitucionales). “No hay cambios retroactivos”, insistió.

Unicato sindical y aportes sindicales: Para una segunda etapa de la reforma laboral

No se tocará el unicato, mandatos ni fondos sindicales ahora, porque “el trabajador siempre es la parte más débil”. Pero instó: “Ustedes (los sindicatos) tienen un tiempo para hacer los saneamientos de todo esto”, anticipando una futura reforma en convenios y sindicales. De 700 obras sociales, 200 fusionan con eficientes; “se terminó la triangulación de los sindicatos que eran sellos de goma”. La cuota sindical respeta “el derecho a afiliarse, a no afiliarse y a desafiliarse”, constitucional y en la Ley de Asociaciones Sindicales.

Estas revelaciones de De Diego, en un borrador que integra aportes de ex Techint como Cordero, buscan un «esquema moderno y productivo» sin desarticular gremios. El proyecto, que podría incluirse en una Ley Bases 2, prioriza «formalización y crecimiento», postergando cambios estructurales sindicales.

FUENTE.   MG