La nueva redacción del pliego establece que los futuros adjudicatarios asumirán la explotación de las centrales por 30 años, con posibilidad de prórroga. Este privilegio estará sujeto al pago de un canon anual al Estado y al cumplimiento de obligaciones en materia de mantenimiento y protección ambiental. El Gobierno pretende cerrar el proceso antes de fin de año para que las concesiones operen desde el primer trimestre de 2026.

Además, la circular incorpora ajustes técnicos y precisiones en los anexos del pliego, tras las consultas recibidas de empresas interesadas. La modificación ya entró en vigencia.

Contexto del proceso de fragmentación de Enarsa

Para comprender este salto hacia la privatización total, hay que remontarse a 2024, cuando el Ejecutivo dispuso que Enarsa y Nucleoeléctrica Argentina (NASA) formen cuatro sociedades anónimas encargadas de administrar los complejos hidroeléctricos del Comahue —Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila—. En esos casos, la participación accionaria quedó distribuida con un 98 % para Enarsa y un 2 % para NASA.

Posteriormente, el Decreto 718/2024 formalizó las concesiones, mientras que los decretos 286/2025 y 590/2025 autorizaron la privatización de Enarsa y la transferencia de esas sociedades a la Secretaría de Energía, respectivamente. Con ello, se abrió la vía para la venta mediante concurso público sin precio base mínimo.

Las represas en juego y su rol estratégico

Estas cuatro centrales se ubican a lo largo de la cuenca de los ríos Limay y Neuquén, en las provincias de Río Negro y Neuquén. En conjunto, representan cerca del 20 % de la generación hidráulica nacional, una cifra significativa dentro del sistema interconectado argentino.

Construidas entre las décadas del 70 y 80 y privatizadas en los 90, estas centrales pasaron al Estado una vez que vencieron sus concesiones entre 2023 y 2024. En el debate público, gobiernos provinciales y sindicatos exigían que quedaran bajo control público federal o provincial, pero la administración actual optó por avanzar unilateralmente con el traspaso al sector privado.

Críticas y advertencias al proceso

Diversos sectores han cuestionado la velocidad del procedimiento y la transparencia del mismo. En particular, el exsubsecretario de Energía Federico Basualdo criticó duramente los pliegos: sostuvo que “dolarizar ese ingreso que van a recibir las empresas” y vincularlo a la inflación extranjera representa un riesgo grave. Advirtió que, frente a crisis macroeconómicas, los contratos podrían derivar en litigios internacionales si Argentina no puede cumplirlos.

La falta de diálogo con las provincias involucradas también genera tensiones. El gobernador neuquino Rolando Figueroa planteó que las represas podrían ser una ocasión para un nuevo modelo federal de gestión de recursos hídricos, pero condenó el avance unilateral del Gobierno nacional. Desde Río Negro, responsables del área energética señalaron que la reprivatización afecta intereses locales, dado que las represas están en territorio provincial y controlan caudales esenciales para riego y comunidades.

Un modelo con raíces menemistas

La base legal para este proceso es la Ley 23.696 (1989), la misma norma que permitió las privatizaciones masivas durante el gobierno de Carlos Menem. Esa ley faculta al Poder Ejecutivo a vender o concesionar activos estatales bajo argumentos de eficiencia, y hoy sirve de pilar al ambicioso plan energético de la administración en curso.

La Ley 27.742, sancionada en 2024, incluyó formalmente a Enarsa entre las empresas “sujetas a privatización”. A partir de allí, el Ejecutivo desmembró los activos de gas, petróleo, generación térmica e hidroeléctrica, con la intención de venderlos como unidades autónomas.

Lo que está en juego para el país

La venta de estas represas no es simplemente un movimiento económico: pone en debate el control estratégico del agua, la distribución energética y la soberanía sobre recursos clave. Estas centrales regulan los caudales de los ríos Limay y Neuquén, fundamentales para abastecer poblaciones, sistemas de riego y dinamizar el turismo en la región.

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Aunque el Gobierno sostiene que los contratos vendrán con cláusulas ambientales y de seguridad, hasta ahora no se han difundido los estudios técnicos que garanticen esos compromisos. La transición al sector privado promete modernización y alivio fiscal, según la versión oficial, pero despierta preocupación en sectores académicos, gremiales, provinciales y ambientales sobre las posibles consecuencias estructurales.

FUENTE.   GLP