Guerra de radares: la batalla continúa
Tras fuertes presiones políticas el Juez Massi de Lo Plata desplaza a Camani de la megacusa del Ministerio de Transporte. En el fondo, una pelea feroz entre empresas y municipios amenaza con hacer desaparecer el millonario negocio de las fotomultas.
La Plata — El sistema de fotomultas bonaerense atraviesa su momento más crítico. La decisión del juez Juan Pablo Massi de apartar a Leandro Camani del expediente por presuntas irregularidades en el negocio de los radares de tránsito no sólo es un movimiento judicial: es también una señal política en medio de una guerra silenciosa entre intendentes, funcionarios y empresas proveedoras.
El fallo, fechado el 3 de octubre de 2025, aparta a Camani —ligado a Secutrans S.A.— del rol de particular damnificado en la megacausa seguida contra el
ministerio de Transporte.
Pero detrás del tecnicismo judicial hay una presión política intensa. En los últimos meses, intendentes de distintos signos, y representantes de ambas cámaras reclamaban al gobierno provincial y al Poder Judicial que frenen los avances y embates del querellante, temerosos de que la investigación termine exponiendo la trama completa del sistema de fotomultas en los municipios: contratos opacos, intermediarios, universidades utilizadas como fachada y empresas que se disputan el control de los radares y los cobros de infracciones.
“La causa se estaba desbordando y podía arrastrar a todos: intendentes, proveedores, funcionarios y universidades”, reconoce una fuente con despacho en el Ministerio de Transporte.
Las denuncias de los abogados de Camani, sumado a las declaraciones de varios testigos de identidad reservada y del especialista y empresario vial Matías Trejo expusieron irregularidades entre funcionarios y empresas proveedoras.
Ese movimiento incomodó a varios actores incluso a un altísimo funcionario de la trilogía de poder de FP. “El empresario vial empezó a excederse y eso no se perdona”, comentó un funcionario judicial. Desde entonces, su salida del expediente era cuestión de tiempo. Así desde calle 6 y calle 61 en La Plata, habrían jugado un rol clave para reordenar la causa y evitar que el fuego cruzado entre empresas termine de dinamitar el sistema.
Hoy, el esquema de fotomultas bonaerense parece entrar en una fase terminal, lo reconcen autoridades que pasaron por el Ministerio de Transporte.
La pelea entre las firmas proveedoras —SECUTRANS, CECAITRA, TNG GROUP, TRÁNSITO SEGURO— dejó al descubierto un negocio sin control político ni transparencia, sostenido por contratos adulterados, convenios con universidades públicas, sus fundaciones y una red de intereses cruzados entre lo público y lo privado.
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La Justicia intenta contener una crisis que amenaza con devorarse a todos. Pero en los pasillos del poder bonaerense admiten que el sistema podría colapsar por completo.
“Ya nadie defiende el sistema de fotomultas provincial ni la autoridad de aplicación. Ni los intendentes quieren seguir atados a un mecanismo que sólo les trae problemas”, deslizó un jefe comunal del conurbano.
El freno judicial es el síntoma visible de un sistema agotado, corroído por la disputa de poder y dinero. Y, según admiten en reserva en la Gobernación, el principio del fin de un modelo de recaudación que se volvió inmanejable.
