Techo para pocos: uno de cada tres hogares debió sumar otro empleo para cubrir el alquiler

Desde que el Gobierno de Milei derogó la Ley de Alquileres, los precios escalaron más de 360%, los salarios perdieron poder de compra y miles de familias tienen que trabajar el doble para mantener su vivienda.

El presidente Javier Milei montó esta semana un show musical en un estadio del centro porteño acompañado por gran parte de su gabinete y seguidores mientras la crisis económica, la incertidumbre y la volatilidad de estos días se agudizan., No es una descripción exagerada: miles de familias argentinas ven perder sus fuentes de trabajo y no llegan a cubrir gastos esenciales como un techo donde vivir. Según el último dato, el 31% de las y los inquilinos tuvo que sumar otro empleo para intentar afrontar el pago del alquiler.

En la la última década, el porcentaje de hogares inquilinos subió, en promedio, 40% en los grandes centros urbanos configurando un panorama en el que, al menos, el 20% de la población es inquilina en nuestro país. Pese a esta realidad, la gestión libertaria decidió desde el primer día desregular el mercado inmobiliario y eliminar la única ley nacional que buscaba, no sin falencias, garantizar el acceso a un techo. Como resultado, en la actualidad casi 7 de cada 10 hogares destina entre el 30% y el 50% de sus ingresos al alquiler, mientras que un 24% gasta más del 60%, en un contexto que combina el descalabro de precios que generó el DNU 70/2023 (a lo largo y ancho del país se relevan subas de alquileres por arriba del nivel general de precios) junto con el golpe al poder adquisitivo de los salarios (los ingresos registran una pérdida real de entre 20% y 41% respecto de 2017).

Los datos de la última Encuesta Nacional Inquilina reflejaron una crisis habitacional sin precedentes, en la que el 70% de las familias se endeudó para pagar el alquiler y otros bienes y servicios de la canasta básica. Cada vez es más difícil lograr sostenerse en una vivienda, un drama social que crece pero no encuentra respuestas.
Menos ingresos, más gasto en alquiler
En Argentina, la población inquilina se ubica en torno al 20% del total. El acceso a un techo digno se fue transformando en esta última década en una problemática generalizada que tiene lugar, al mismo tiempo, en un país con fuerte concentración de la tierra, alta especulación sobre las propiedades y bajo porcentaje histórico de construcción pública de viviendas.

¿Qué pasó en estos años? De acuerdo con datos oficiales (INDEC) en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la tasa de hogares inquilinos subió del 16% al 18% en los últimos siete años, a su vez en el Gran Rosario la población inquilina pasó del 13% a 16%, mientras que en Gran Córdoba se expandió del 22% al 26% y en Gran Mendoza el crecimiento fue mayor al escalar de 19% al 25%. Si se tiene en cuenta solamente la Ciudad de Buenos Aires, el salto fue aún mayor: del 29% al 37%.

«Gracias a que eliminamos la infame y difunta Ley de Alquileres, se multiplicaron exponencialmente los alquileres publicados y el costo del alquiler bajó hasta un 30% en términos reales”, se había congratulado el presidente Javier Milei en marzo de este año al inaugurar el año calendario del Congreso. Sin embargo, las estadísticas muestran, una vez más, otra realidad: desde que asumió y derogó por decreto la Ley 27.551 (DNU 70/2023), la inestabilidad habitacional se agravó.
Un dato reciente permite graficar la problemática que enfrentan las familias argentinas: un tercio de quienes alquilan se vio obligado a sumar otro empleo para intentar cubrir el alquiler. Es decir que más desregulación derivó en un mayor gasto fijo que las y los trabajadores no pueden afrontar teniendo que salir a buscar más ingresos. Asimismo, la situación empeoró aún más para, al menos, un 10% que perdió directamente su trabajo en este último tiempo.

Así se desprende de los resultados que arrojó la última Encuesta Nacional Inquilina realizada en septiembre por el espacio Inquilinos Agrupados, dando cuenta de una crisis habitacional sin precedentes en nuestro país: falta de estabilidad en los contratos, aumentos acelerados de los precios, endeudamiento generalizado de los hogares y una creciente dificultad para sostener las viviendas dar forma a un combo letal que permanece afuera de la agenda de gobierno.
Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? Uno de los factores que se vincula directamente con la mencionada derogación de la ley nacional de alquileres y consecuente desregulación del mercado inmobiliario, es el descalabro de precios. En concreto, a lo largo y ancho del país se relevan subas de alquileres por arriba del nivel general de precios, pese a lo que se sostiene desde el Gobierno nacional y voces extraoficiales. De esta manera, en lo que va de la gestión libertaria, mientras la inflación creció 232,4% (IPC GBA) los alquileres escalaron un 363,6%. La diferencia de más de 100 puntos en la aceleración del alquiler se repite en las seis regiones del país.

En el primer semestre del 2025 los alquileres subieron 41,8%, frente a una inflación para el mismo período de 15,3%, es decir, se ubicaron 26,5 puntos por encima del índice general de precios. En sintonía, en agosto (último dato disponible) los alquileres volvieron a aumentar por encima de la inflación en todas las regiones del país: IPC-INDEC +1,9% contra alquileres en GBA +3,3%, en la Región Pampeana +3,9%, en Noreste +2,5%, en Noroeste +8,3%, en Cuyo +5,0% y en La Patagonia +6,2%.
Sin embargo, para dimensionar la problemática es necesario también abordar la otra cara de la moneda relacionada con la situación de los ingresos familiares: el salario real del sector privado se estancó 5,5% debajo del nivel que tenía al sumir Milei y hace diez meses que no crece. Cada trabajador acumula una pérdida de 1,7 millones de pesos en este tiempo (estimación del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía -MATE). Por su parte el salario estatal quedó 19% por debajo del nivel de inicios del mandato (cada estatal perdió 8,1 millones acumulados desde entonces). En el caso de los jubilados, el poder de compra de los haberes sigue estancado 23% por debajo de 2023 y cada jubilado acumula, en promedio, una pérdida de casi 4 millones de pesos.

En el caso del salario mínimo vital y móvil, referencia para fijar remuneraciones y valores de políticas sociales, quedó reducido al 68,1% del valor que tenía en 2023 y al 45% del nivel del año 2015, ubicándose por debajo de los pisos históricos que mostró en la década de 1990 (según CIFRA-CTA). Mirando para atrás, los ingresos registran una pérdida real de entre 20% y 41% respecto de 2017, de acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). En detalle, los salarios públicos cayeron 33%, los privados formales 20% y las jubilaciones hasta 41% contra el promedio de 2017. Recuperar ese poder de compra implicaría un aumento real del 25% para alcanzar el sector privado, del 50% en el caso de los públicos y para las jubilaciones se requeriría una suba del 70%.

Con menos poder adquisitivo y costos más altos del alquiler -el 66% de los hogares destina entre el 30% y el 50% de sus ingresos al alquiler, mientras que un 24% gasta más del 60%- una consecuencia directa para las familias fue la necesidad de buscar más trabajo, en un marco nacional de incremento del pluriempleo. En detalle, los ocupados que demandan más empleo pasaron de representar el 16,2% en 2023 al 17,1% en 2025, valor que no se alcanzaba desde la pandemia. La cantidad de personas empleadas con más de una ocupación es 1,5 puntos porcentuales más alta que al inicio de la gestión de Milei. En otras palabras, en un mercado laboral cada vez más deteriorado, unas 204.000 personas con trabajo buscan activamente un segundo ingreso para tratar de cubrir, al menos, las necesidades básicas de subsistencia.
Además, otros datos que evidencian la dura situación de los hogares inquilinos tienen que ver con que el 72,8% aseguró estar endeudado, principalmente con tarjetas de crédito, alimentos, alquiler, servicios y salud. Asimismo, más del 65% sufre incrementos de alquiler cada 3 o 4 meses (57,2% se rige por IPC, 31,3% por ICL y un 6% por decisión unilateral de los propietarios), en tanto que 1 de cada 6 familias tuvo que mudarse recientemente por no poder afrontar el alquiler y el 90% prevé dificultades para pagar en los próximos meses.

«Es fundamental avanzar con el rechazo del decreto 70/2023, no sólo por ser inconstitucional, sino por estar afectando gravemente el acceso a la vivienda de millones de hogares. El decreto nos ha dejado completamente indefensos frente a la crueldad del mercado inmobiliario», señaló al respecto Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados.

Desmantelamiento de políticas clave
Además de avanzar en contra de la ley que buscaba regular la situación de los alquileres en el país, el gobierno de Milei desmanteló también un conjunto de políticas vinculadas al acceso a la vivienda y obras esenciales de infraestructura.

En agosto, por ejemplo, se derogaron todos los programas que formalmente quedaban vigentes para promover la construcción: Casa Propia, el Programa Federal Argentina Construye, el Subprograma Habitar la Emergencia, el Plan Nacional de Suelo Urbano y el Programa Nacional de Reactivación y Terminación de Obras de Vivienda, Infraestructura y Hábitat. Ese desarme convive con tasas altas y con scoring ajustado en el mercado hipotecario. De hecho, la decisión de La Libertad Avanza (LLA) de cerrar la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda meses atrás, además de implicar 400 despidos directos y miles de indirectos, dejó unas 125.000 viviendas totalmente paralizadas, eliminando programas de acceso a un techo, obras básicas de servicios públicos, y hasta dejando la puerta abierta a futuros juicios contra el Estado por el incumplimiento, local e internacional, de los compromisos asumidos.

FUENTE. EL DESTAPE