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MAGDALENA ODARDA: Expectación por la Ley de Emergencia territorial indígena.

Por Gabriel Russo.

Para la hoy Presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), senadora nacional mandato cumplido, y actual presidenta del Partido del Trabajo y la Equidad de Río Negro, la Ley de emergencia territorial indígena es la causa de toda la derechización y violencia verbal que padecen hoy los pueblos indígenas de la Argentina. De este modo, Odarda marcó el grado de expectación respecto a lo que sucederá este jueves en el Senado con este proyecto del cual depende poner freno a los desalojos indígenas que ya han firmado varios jueces y puede afectar a 1 700 comunidades .

Para que tengamos idea de qué se trata: una ley de emergencia, de orden público y declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país. Suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas.

Odarda se reconoce cordobesa de nacimiento y también de formación universitaria. Cuando se recibió de abogada se fue a vivir al Sur y toda su carrera política desde concejal, diputada nacional, hasta senadora ha transcurrido en Rio Negro “por lo cual me considero rionegrina también” -afirmó-.

Ahora estoy en este rol de conducir un organismo que define la política indígena en la argentina: para mi es una importante responsabilidad -sostuvo-.

Mañana -apuntó- seguiremos lo que va a suceder en el Senado de la nación con la Ley de emergencia territorial indígena, que a mi criterio es la causa de toda la derechización y violencia verbal que estamos sufriendo en los pueblos indígenas especialmente del Sur argentino.

Para ganar un poco de claridad sobre este tema, contanos, en el caso del pueblo mapuche, la provincia de Rio Negro no lleva a cabo relevamientos territoriales desde hace años y no ha entregado títulos comunitarios como el resto de las provincias argentinas como exige la Ley. ¿Esa es una de las causas del conflicto?

Sí es una de las causas fundamentales, el hecho de no entablar diálogo con las organizaciones. Justamente en la provincia de Río Negro las comunidades están bien organizadas en la Coordinadora del Parlamento Mapuche y el Consejo de Participación Indígena que es parte misma del gobierno de la provincia, y es cierto que no se llevan a cabo los relevamientos, no se quiere firmar el convenio como ya lo hizo Neuquén y ahora estamos por firmarlo con Chubut.

En 8 provincias argentinas -precisó Magdalena-, existen convenios que establece la Ley, donde se sientan la nación con provincia, consultan y se hacen partícipes a las comunidades indígenas con vistas a llevar adelante los procesos de demarcación mediante un proceso técnico, antropológico para en el día de mañana tener la Ley de Propiedad indígena, la propiedad comunitaria que es una vieja deuda de la democracia ya que desde el año ‘94, la Constitución establece que el Congreso debe sancionar una Ley de propiedad indígena, lo dice el nuevo Código Civil, también pero no se ha avanzado en eso aún.

Se va a hacer seguramente -confía Odarda- con los territorios ya demarcados con esta ley de relevamiento. Lo que tiene de significativo -alertó- es que si no se renuevan comienzan los desalojos de comunidades y ese es el gran temor de las 1 700 comunidades en Argentina, que comiencen órdenes de desalojo que ya impartieron varios jueces y que están frenadas por la Ley de emergencia. Ahí está creo yo la razón de por qué hay tanto interés sobre todo de que no se renueve la Ley, para ellos poder desalojar a las comunidades de sus territorios.

¿Por qué Rio Negro no firmó el convenio?

Son decisiones, entiendo que deben dar explicaciones de por qué no lo hacen porque, si no hay políticas públicas para los pueblos indígenas, ante los reclamos sociales la respuesta es la represión. Creo que esos no son los caminos. Las leyes son obligatorias para todo el país y hay que respetarlas a todas. Entendemos que eso llevaría por lo menso paz social y evitar conflictos como el caso de Neuquén donde está Vaca Muerta y gracias a la política pública pudimos firmar en las 6 zonales de la Confederación mapuche de Neuquén que están contentas, avalaron. Y ahí estuvo la provincia, llevó muchos días el acuerdo hasta que se firmó. Entiendo que el camino es este, y en Río Negro como en todas las provincias argentinas, donde hay muchísimas comunidades que tienen títulos comunitarios , sobre todo en zonas de las cordilleras. Chubut también ha entregado títulos, y Río Negro no ha entregado un solo título comunitario. Hay que encontrar la solución en base a sentarnos y bajar los niveles de conflicto. El Poder judicial después tendrá su tarea, pero la parte política corresponde al ejecutivo y al legislativo.

Usted firmó una resolución mediante el cual un country de la ciudad de San Carlos de Bariloche , por decisión judicial, debe dejar pasar una comunidad mapuche por dentro de las instalaciones. Ahí estuvo la Lof José Celestino Quijada obligada a transitar durante 7 años varios kilómetros de caminos para que los chicos pudieran ir a la escuela o al hospital, quedaron arrinconados, hecho que de por sí muestra injusticia flagrante a los derechos elementales de las personas.

Si, son situaciones de injusticia que viven muchas comunidades indígenas que no se soluciona y nadie se ocupa de ellos, una de ellas fue esta Lof Celestino Quijada que está en una zona de alto valor paisajístico sobre todo y donde afecta intereses de un country muy conocido relacionado con un grupo de inversión belga. Se le cerró el camino a la comunidad 7 años obligándolos a pasar por caminos difíciles. No consideraban correcto que la comunidad pase por dentro de un country tan exclusivo y el juez obligó a abrir el camino para que pase la comunidad, pero esto enojó mucho al grupo económico relacionado con el lugar y comenzaron los ataques contra el INAI, pero cuando uno tiene que cumplir con la ley, lo hace estamos ajustado a derecho sabiendo que se tocan fuertes intereses.

¿Dentro del pueblo mapuche hay extremistas que pueden llegar a la quema de edificios, o son infiltrados?

 Puede ser, porque en toda la sociedad hay gente extremista, violenta, gente alguna que no cree en el estado argentino aunque no sean indígenas y queman banderas, pero el estado tienen que seguir trabajando para todos los ciudadanos/as por eso no respondemos por personas aisladas violentas, y hay que ser muy responsables cuando se acusa a un pueblo completo pues provocan odio racial y eso no tiene nada que ver con la democracia, es retroceder a 1880 época del General Roca. La sociedad argentina ha avanzado mucho a favor del derecho de las comunidades.

En el país hay 38 pueblos originarios o indígenas y 1700 comunidades ¿Argentina al igual que Bolivia debería ser declarado un Estado plurinacional?

Ese es un debate que existe en nuestras organizaciones, siempre uno mira el avance que ha hecho posible Bolivia en materia de derecho indígena, y en Argentina estamos años luz de ellos sobre todo en la justicia indígena que tienen en Bolivia además de la ordinaria.

Ya estamos trabajando con el embajador de Bolivia en Argentina para hacer de ahora en más y de hecho somos un país pluricultural, aunque la constitución no lo diga porque conviven 48 pueblos indígenas que están más vivos que nunca. No es como en las escuelas que dicen que son cosas del pasado, refiriéndose a los diaguitas, por ejemplo, por eso tenemos que desandar un amino muy largo de colonización que nos deja secuelas.

Somos un país de muchas voces, y tenemos que respetarnos unos a otros, hay muchas culturas de las cuales hay que aprender, respetar sitios sagrados, credos, que en caso de comunidades indígenas no se respetan cuando pasa por ejemplo un shopping encima de un cementerio o sitio ceremonial. Trabajamos con mucho compromiso pero se necesita profundizar el camino de la reparación histórica lo antes posible -reclamó como conclusión Magdalena Odarda-.

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